¿Es legal el CBD en Lituania?

El Reglamento (UE) n.º 2015/2283 clasifica el CBD como Novel Food (alimento novedoso) en toda la UE desde enero de 2019. Hasta la fecha, ningún Estado miembro tiene autorización en la lista de la Unión para él. La cifra provisional de ingesta segura de la EFSA de febrero de 2026 (unos 2 mg al día para un adulto de 70 kg) es un dictamen de seguridad, no una autorización.

Lituania no es un país de derecho de estupefacientes para el cáñamo, y eso sorprende a la mayoría de los lectores. La Ley de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas establece en sus disposiciones iniciales que no se aplica al cáñamo textil regulado por la Ley del Cáñamo Textil. Las listas del ministerio de sanidad, que sí recogen los extractos y tinturas de cannabis como material, se dictan al amparo de esa ley, así que no pueden alcanzar un material que la norma matriz ha sacado de su propio ámbito. Ni el cannabidiol ni el cannabinol están nombrados en ninguna de las cuatro listas. Es la excepción legal más limpia de todos los países que seguimos.

La excepción es condicional, no absoluta. Solo vale para el cáñamo que cumple los requisitos de la Ley del Cáñamo Textil, es decir, una variedad inscrita en el Catálogo Común de la UE o en la lista nacional, y no más del 0,3 % de THC en la materia seca.

Lo que de hecho impide un complemento con CBD en Lituania es el derecho alimentario, en dos capas. La Ley del Cáñamo Textil aplica directamente el Reglamento sobre Novel Food, y el servicio de alimentación y veterinaria afirma que los alimentos que contienen extractos de cáñamo textil o constituyentes obtenidos de ellos, el cannabidiol expresamente entre ellos, no pueden suministrarse al mercado lituano. Aparte, una orden conjunta de los ministros de Sanidad y de Agricultura vigente desde el 1 de abril de 2023 limita el THC en los complementos alimenticios de cáñamo textil a 2 mg por kilogramo de producto acabado, medido como suma de delta-9-THC y delta-9-THCA. Es una cifra mucho más estricta que cualquier norma porcentual del resto de la UE.

El incumplimiento de las normas de suministro al mercado es un asunto administrativo, no penal, y conlleva multas administrativas de cientos de euros, que se duplican si se repite dentro del mismo año.